Transcurrido más de un mes desde la cita electoral del 22 de Mayo, nos parece oportuno realizar una reflexión en torno al desarrollo del proceso electoral y sus resultados, deteniéndonos de forma especial en la extraordinaria interferencia que ha supuesto la irrupción del movimiento ciudadano aglutinado en torno a las iniciativas de los colectivos Democracia Real YA y 15-M, y poniendo en relación ambas circunstancias con el dato objetivo de la escasa participación de la población inmigrante en las votaciones y en las movilizaciones convocadas.

Tanto la campaña electoral como los resultados conocidos tras el escrutinio dejan en evidencia que la retórica antiinmigrante tiene su público. En Catalunya, el uso de un discurso polémico y efectista en torno a los inmigrantes ha sido ampliamente promovido por el Partido Popular - y también ampliamente refrendado por los votantes a tenor de los resultados.

En las elecciones de mayo el discurso antiinmigrante no ha podido ser monopolizado por pequeños partidos como Plataforma per Catalunya, que hacen del discurso xenófobo su forma de estar en política. Y se ha notado en los resultados: a pesar de las buenas cifras obtenidas por la formación con epicentro en Vic - llegando a quintuplicar el número de votos obtenidos - la potente competencia en el uso del discurso populista en torno a la inmigración ha limitado su expansión.

El Partido Popular ha sido el principal beneficiado en esta ocasión. Parece que han encontrado la fórmula para conectar con una heterogénea bolsa de votantes catalanes, personas que ven a los inmigrantes como competidores ante recursos sociales cada vez más escasos o ante puestos de trabajo mal remunerados y poco cualificados, obreros que tradicionalmente han votado partidos de izquierda, ciudadanos que han utilizado su voto como forma de castigo a los partidos que tradicionalmente han conformado las amplias alianzas gobernantes en los últimos años en territorio catalán.

Y si nos fijamos en otras latitudes de la UE, parece que esta fórmula ha llegado para quedarse. El discurso extremista en materia de inmigración esta condicionando la agenda política de un buen numero de gobiernos europeos, dejando aparcadas las políticas de integración y poniendo el acento en medidas de control y vigilancia de fronteras interiores y exteriores.

¿Y los inmigrantes? Este año se sumaban nuevos potenciales electores al Censo Electoral para Extranjeros Residentes en España (CERE). Los nacionales de países como Ecuador, Colombia, Chile,Perú o Nueva Zelanda - argentinos y uruguayos se quedaron por el camino - estaban llamados a participar por primera vez en las elecciones municipales si se inscribían antes en el censo electoral. Entre los países no comunitarios, la media de residentes inscritos sobre el total de electores potenciales apenas supera el 13%.

¿Por qué lo que en su momento se promocionó como un impulso decidido a la integración de la población inmigrante ha terminado por desinflarse? Las razones son diversas. Parece incongruente promocionar por un lado el discurso de la integración del colectivo de inmigrantes y restringir al mismo tiempo esa integración a los acuerdos logrados entre Estados en virtud del principio de reciprocidad. Puede ser legítimo, e incluso adecuado, justificar la participación invocando la reciprocidad, pero en ningún caso la principal función de esos acuerdos sería la integración de los nacionales no comunitarios.

Tampoco tiene mucho sentido exigir 5 años de residencia legal para poder participar en el proceso, sobre todo en el caso de nacionales de países latinoamericanos, colectivo que tiene privilegiado su acceso a la nacionalidad española al exigirles la legislación solo dos años de residencia legal y continuada, estatuto que les abriría la puerta a participar en elecciones estatales y autonómicas.

Parece, por lo tanto, desde su gestación una iniciativa deficientemente dirigida a favorecer la integración. Opinión que se ve confirmada con la no inclusión automática de los nacionales de estos países en el censo electoral, la falta de información sobre los trámites y los plazos, o la ausencia de acciones decididas en favor de la movilización del voto inmigrante. El resultado es la falta de participación.

¿Y por qué la presencia de inmigrantes ha sido hasta el momento apenas testimonial en las concentraciones ciudadanas de indignados? Se ha apuntado que, al menos en ciudades como Madrid, la asfixiante persecución policial a la que están siendo sometidos los inmigrantes ha podido ser determinante. Recientemente también aquí en Donostia hemos tenido noticias del incremento de la presión en forma de redadas e identificaciones continuas en las inmediaciones de centros de ayuda a inmigrantes de Cáritas.

Pero también se han señalado razones más profundas relacionadas con la segregación estructural de los propios trabajadores inmigrantes. ¿Son lo suficientemente fluidas las relaciones entre inmigrantes y población autóctona como para articular un movimiento amplio en conjunto? El paso de los acontecimientos nos traerá la respuesta, pero la campaña de parar desahucios parece estar siendo una oportunidad donde aunar esfuerzos, igual que el llamamiento realizado por algunas asociaciones de inmigrantes para fomentar la participación de sus miembros en las asambleas que se están convocando en distintos barrios de Madrid.